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martes, 22 de junio de 2010

El despido improcedente por causas economicas de 33 días será el nuevo "despido exprés" segun el despacho de abogados Saragoy.

El despacho de abogados duda de que el Fogasa pueda soportar el coste del pago de 8 días de indemnización en los contratos indefinidos
La nueva reforma laboral permitirá emplear a casi cualquier trabajador mediante un contrato de fomento del empleo y despedirle por causas económicas no justificadas, con una indemnización de 33 días, de los que 8 días serán sufragados por el Fogasa. En la práctica, ello supondrá sustituir el extendido despido improcedente de 45 días en contratos ordinarios, que pasará a ser "residual", por "un nuevo 'despido exprés'", con un coste para las empresas de 25 días, según Sagardoy Abogados.
Durante un almuerzo informativo, el despacho de abogados señaló que éste es uno de los cambios más relevantes que introduce el decreto sobre la reforma laboral del Gobierno, un texto, a su juicio, que favorece los intereses de las empresas.
Según el nuevo presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy, que ha tomado el relevo a su padre, Juan Antonio Sagardoy, ahora presidente de honor, la reforma laboral del Gobierno "ha conseguido abaratar el despido".
En primer lugar, con la apertura de los colectivos a los que puede hacerse un contrato de fomento, con indemnización de 33 días por despido, pocos trabajadores quedarán fuera de su radio de acción. Prácticamente queda universalizado su uso, con lo que los empresarios se decantarán por él en los nuevos contratos.
Por otro lado, si de entrada el trabajador tendrá un despido más barato, la empresa tendrá más margen para alegar causas económicas para su despido, también en los contratos vigentes, de forma que sólo se acudirá al despido disciplinar para los casos "flagrantes".
CAUSAS ECONÓMICAS ABIERTAS.
En este punto, desde el despacho de abogados se indicó que la redacción de las causas del despido, que aluden sólo a una "situación económica negativa", hace que el empresario tenga que hacer un "esfuerzo mínimo" para probarlas, de modo que alegará, no tanto pérdidas, sino cuestiones como la necesidad de amortizar puestos de trabajo.
Asimismo, el residente de honor añadió que la redacción de este punto en el decreto es "farragosa" y hace necesario que "tasar" más estos supuestos e incluir algunos como la necesidad de deslocalizaciones estratégicas. Además, argumentó que la decisión de decidir si las causas objetivas son procedentes o no quedará a discreción del juez y la administración, por lo que se generará cierta "inseguridad jurídica".
Por otro lado, el último paso para el abaratamiento del despido es el pago por parte del Fogasa de ocho días de indemnización en el caso de los contratos indefinidos. Además, desde el despacho de abogados recalcaron que el trabajador tendrá que reclamar esta cuantía al Fogasa, desentendiéndose el empresario.
EL FOGASA Y LAS CUOTAS SOCIALES.
Ahora bien, desde el Sagardoy Abogados dudaron de que el Fogasa pueda soportar tal coste con sus 3.000 millones de euros de reserva actuales, una cantidad que, a su juicio, "no es suficiente". "Los números son los números", afirmó José Antonio Sagardoy, para quien sería un "milagro" que el Fogasa hiciese frente a esos gastos sin incrementar las cuotas de las empresas.
Además, el despacho considera que se avecina nuevas subidas de cotizaciones para las empresas derivadas de la puesta en marcha en 2012 del llamado 'modelo austriaco', el fondo de capitalización para los trabajadores, que igual hará las veces de indemnización por despido que de plan de pensiones privado.
Aunque el decreto establece que ello no debe suponer un sobre coste en términos de cotizaciones para las empresas, en la práctica Sagardoy Abogados ve "difícil de imaginar" otra forma de costear esta medida.
En cualquier caso, desde el despacho se puso en duda la conveniencia de instalar este fondo de capitalización, puesto que hará pagar a empresas sin despidos en su haber las indemnizaciones de aquellas que destruyan empleo, y se afirmó que sólo tendrá sentido como complemento al sistema público de pensiones.
LA REFORMA HA DE SER MÁS "QUIRÚRGICA".
Desde una visión más global, el despacho de abogados consideró la reforma laboral "positiva, pero no suficiente". En palabras de su presidente de honor, el decreto "es un instrumento farmacológico cuando debe ser quirúrgico", a juzgar por la situación de "extrema gravedad del enfermo".
Ahora bien, desde el despacho se aseguró que uno de los puntos más determinantes para los intereses de las empresas es la agilización de los procedimientos para introducir modificaciones en las condiciones de trabajo y la inclusión entre ellas de la distribución de los tiempos de trabajo. Si bien, se consideró inadecuado que estos cambios se vinculen a la duración de la vigencia de los convenios en lugar de a la situación económica que los desencadena.
Finalmente, Juan Antonio Sagardoy indicó que, a su juicio, una reforma laboral de pivotar sobre dos pilares: el de la 'flexiguridad', que debe proteger al empleado mejorando su empleabilidad e introducir mayor flexibilidad interna en las empresas; y el de la adaptación de la negociación colectiva a la situación económica de las empresas, para que cuestiones como los incrementos salariales no sean un "verdugo" para su viabilidad.


Fuente: Europa press Madrid 17/06/2010.


sábado, 12 de junio de 2010

Una reforma laboral "impuesta" podría detonar la huelga general


Los sindicatos avisan de que una reforma laboral "impuesta" podría detonar la huelga general.

CC.OO y UGT han alertado de que si el Gobierno decide incluir una reforma laboral "impuesta" dentro del paquete de medidas de esta tarde ello supondría "un salto cualitativo" que "requeriría una toma de decisión" en un momento en el que "los sindicatos están manejando una respuesta sin descartar ningún tipo de acción".

Así lo manifestaron tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social, en la que participaron el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, el secretario general de CEOE, José María Lacasa, la secretaria de Empleo de CC.OO., Paloma López, y el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.

Los sindicatos reprocharon al Gobierno que dedicara la reunión de hoy del diálogo social a hablar de las medidas sin concretar nada más allá de lo conocido hasta la fecha y, desde esta postura lanzaron un mensaje al Gobierno: "Si el paquete de recorte conlleva una reforma laboral, que piensen antes de tomar decisiones", advirtió Ferrer.

"Estamos aún en el tiempo de la negociación, pero empieza a preocuparnos que cada vez hay más voces que hablan de reformas impuestas y eso puede ser el salto cualitativo", indicó Ferrer. "Los sindicatos estamos manejando una respuesta sin descartar ningún tipo de acción y en ese momento requeriría una toma de decisión", apostilló.

Dicho esto, el secretario de Acción Sindical de UGT insistió en que los sindicatos "no tienen interés en alargar ningún proceso". Además, recordó que los órganos de gobierno de los sindicatos se reunirán por separado el próximo 27 de mayo y dijo que "entonces se debería tener una idea de por donde deben ir las cosas".

Por su parte, Lacasa indicó que la CEOE está haciendo todo lo posible por alcanzar un acuerdo de reforma laboral "con contenido", a lo que añadió, con "optimismo" que, aunque es cierto que "no se puede seguir trabajando indefinidamente" en estas cuestiones, "están programadas las reuniones suficientes".

En cuanto a los posibles obstáculos que podrían impedir un acuerdo, Lacasa recordó que sobre la mesa del diálogo social, no sólo está el tema de las cotizaciones sociales "en general", sino también "fondos que se financian a través de cotizaciones empresariales, como el Fogasa", y dijo que "en momentos de crisis tiene poco sentido seguir acumulando recursos y sería mucho mejor reducir cuotas empresariales en esos capítulos o utilizarlos para dinamizar algunos modelos de contratación".

MEDIDAS DE RECORTE.

Por el lado de las medidas de recorte, Paloma López, de CC.OO., reiteró que los sindicatos siguen considerando "absolutamente injustas" estas iniciativas para trabajadores, pensionistas y dependientes. Además, insistió en que se trata de un paquete de medidas "antieconómico", que no hará más que prolongar la crisis y elevar el paro, mientras que vulnera el acuerdo de negociación colectiva en la función pública y lo acordado en el Pacto de Toledo.

Según Ferrer, "ayer saltamos una decimilla -en relación al crecimiento intertrimestral del PIB en el primer trimestre--, pero el efecto de este recorte de rentas y el aumento del IVA anticipa claramente que la senda de crecimiento va a ponerse claramente en peligro".

El secretario de Acción Sindical de UGT afirmó que los sindicatos han pedido al Gobierno que replantee su plan de ajuste y que valore la posibilidad de acometer un reforma fiscal de carácter global, más allá de un incremento de la tributación para las rentas altas.

Concretamente, demandó establecer un impuesto sobre los beneficios de las entidades financieras. Además, pidió recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, abrir una revisión del IRPF más allá de la discusión de los que es renta alta, "eliminar desgravaciones" y "reequilibrar el Impuesto de Sociedades". Asimismo, Ferrer indicó que el control del fraude fiscal podría proporcionar al fisco ingresos por valor de 34.000 millones de euros en un sólo año.

LOS EMPRESARIOS VEN UN ERROR SUBIR IMPUESTOS.

Con todo, la secretaria de Empleo de CC.OO indicó que "no ha habido un planteamiento específico" sobre estas propuestas por parte del Gobierno, mientras que el secretario general de CEOE salió al paso de la posible subida de impuestos y afirmó que "no es el momento" de tomar medidas en esta dirección.

Así, aunque dejó claro que el paquete de medidas de recorte "no contiene de momento" ningún alza impositiva, lo que calificó de "positivo", añadió que "sería un error subir impuestos, pues penalizaría el consumo y podría provocar una salida de capitales de España", apostilló.

Por otro lado, Lacasa enfatizó que el Gobierno tenía que haber explorado con más detalle otras vías de recorte del gasto, como son los capítulos de sanidad o la prestación de servicios públicos por el sector privado. Además, invitó a abrir un proceso de diálogo sobre las subvenciones que llevan implícitas algunos precios de servicios públicos o "entrar a fondo en el funcionamiento de las empresas públicas".

MADRID, 20 May. (fuente: EUROPA PRESS) -